Durante el mes de octubre de 2020 se procedió con la extensión de la moratoria bancaria en Panamá, sobre los préstamos otorgados por los bancos, cooperativas y financieras, tantos públicos como privados, hasta el 30 de junio del 2021.
El Acuerdo 13-2020 se llevó a cabo con el espíritu de proveer este periodo adicional de seis meses, en el que los bancos y clientes deben acordar y pactar los nuevos términos y condiciones para el repago de sus créditos comerciales y/o personales sobra la base de su nueva capacidad de pago, actual condición económica, así como la reactivación de la actividad económica de las empresas y la posibilidad de generar nuevamente ingresos de las personas naturales para poder cumplir sus pagos diferidos.
Los acuerdos de moratoria de los bancos otorgan beneficios a sus clientes, aquellas personas naturales y jurídicas que se han visto económicamente afectadas por la pandemia de coronavirus (COVID-19), debido a que en los prestamos modificados no se cobran intereses moratorios, ni cargos o penalidades, así como no afectan las referencias de crédito de los deudores.
Sin embargo, los créditos modificados no contemplan que la deuda o los intereses corrientes que se generan sean condonados o dejen de ser exigibles. La moratoria apunta a que los bancos deben refinanciar tantos los créditos comerciales y personales pendientes a vencer en junio 2021 en función de la nueva capacidad de pago de los clientes, en donde se otorgarían periodos de gracia, extensiones de plazo de vencimiento de los préstamos y ajustes en las letras o cuotas mensuales. Inclusive los bancos y otras instituciones financieras mencionadas estarían dispuestas a dar dinero fresco en los casos que se demuestre la necesidad de capital de trabajo de los clientes para reactivar sus empresas caso por caso.
Pero la pregunta es: ¿Qué va a suceder posteriormente al 30 de junio 2021 cuando venza la moratoria y se sinceren los prestamos modificados hacia adelante?
Al responder ese interrogantes debemos considerar varios factores: Parte de los intereses acumulados durante la moratoria y registrado como ganancia por parte de los bancos deben ser diferidos y un porcentaje de la cobranza de los mismos tendrían dificultad de poder recuperarse posterior a la moratoria; un porcentaje de la cartera modificada actualmente en $22.93 billones no logrará recuperar su capacidad de pago, lo que implicaría potenciales provisiones o castigos adicionales a los bancos y disminución en sus ingresos financieros con la respectiva disminución de patrimonio de los mismos.
Para entender la situación es importante considerar un resumen de los resultados del Sistema Bancario de Panamá (SBP) a diciembre 2020, la dimensión de la cartera bajo el régimen de moratoria y la capacidad de resiliencia de los bancos ante un escenario más complejo y adverso para el año en curso.
Para el 2020, la banca ha reportado una cartera crediticia total de $54.29 billones de los cuales un 42.2% está bajo el régimen de préstamos modificados, con 1 millón de clientes deudores que han optado adherirse a este esquema.
A raíz de la situación económica en Panamá por la pandemia de COVID-19, las provisiones contables de la banca crecieron en un 49.8% para el 2020 en un monto de $623 millones producto de los deterioros de cartera en la aplicación de las provisiones conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (Niif) y del acuerdo 9-2020 de exigir un mínimo de 3% de provisiones de la cartera crediticia establecido por el regulador.
Tanto las provisiones como el decrecimiento de nuevos desembolsos causó a los bancos un decrecimiento de su rentabilidad de 11.8 % en el 2019 a 6.39% en el 2020. Adicionalmente, el indicador de moratoria alcanzó el 4.2% en el 2020, principalmente en los segmentos hipotecarios, tarjetas de crédito y préstamos personales reportando incrementos en su cartera vencida de un 3% en el 2019 a 5% en el 2020.
Es importante recalcar que la cartera de consumo lidera la cartera modificada del SBP con un monto de $12,685 millones concentrado en el 25% de la población de Panamá en los segmentos mencionados anteriormente.
La afectación de la cartera de consumo viene principalmente como consecuencia del aumento en la tasa de desempleo de 7.1% en el 2018 a 18.5 % en el 2020, así como por el incremento en los niveles de informalidad, que pasaron de un 35.0% en 2018 a 58.2% a 2020.
A pesar del comportamiento adverso de las carteras crediticias, el SBP presenta solidos indicadores de liquidez, capitalización y solvencia.
Para el 2020, los niveles de liquidez promedio de la banca se ubican en 63.5 % versus un 57% en el 2019 considerando que el indicador mínimo exigido es de un 30% y unos niveles de adecuación de capital promedios de 15.71% en el 2020, lo cual es similar a lo reportado en el 2019 (15.24%), además, tengamos presente que el requerimiento mínimo es del 8%.
Y es que pese a afrontar un entorno tan complejo, la banca cuenta con resiliencia y capacidad para afrontar el deterioro de las carteras producto del escenario que se espera en el 2021.
Se trabajó un escenario adverso y estresado por la Superintendencia para ver el efecto en los Bancos basado en las siguientes variables: La caída del Producto Interno Bruto (PIB) (-17.8% al cierre de 2020), el incremento de la tasa de desempleo, la baja en la calificación de riesgo tanto del país como de los bancos panameños (que traen como consecuencia un incremento en el costo de fondeo), el incremento del índice de mora y cartera riesgosa y el incremento en provisiones.
Bajo este escenario adverso y estresado, los bancos tendrían una baja en su índice de adecuación de capital promedio de 15.89% (actual) a 12.90% y sus niveles de liquidez se mantienen superiores al 40%.
Con base a estos resultados podemos concluir, de forma favorable, que los bancos tienen los niveles de capitalización y liquidez adecuados para poder resistir y apoyar a sus clientes durante el 2021.
No obstante, es necesario que se articule y ejecute una estrategia integral entre los bancos, el Gobierno, los clientes corporativos, comerciales, personales y los gremios empresariales para prepararse ante el vencimiento de la Ley de Moratoria en junio 2021, debido a que la reapertura de las actividades comerciales tendrá un impacto en un plazo posterior al año en curso.
Los bancos tendrán que dar condiciones blandas, en plazos y tasas, para poder lograr el repago de las deudas pactadas para brindarle tranquilidad a la población en particular a los acreedores pertenecientes a la banca de consumo. Medidas de alivios financieros adicionales serán necesarias para el segundo semestre de 2021 y probablemente se tendrá un escenario en donde los bancos no deberían recurrir a ejecución de garantías, fianzas e hipotecas a sus deudores que seguirán estando afectados por la pandemia de COVID-19 en los próximos meses.
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